Reservar cita →
lo accesible no es lo mínimo
En España la accesibilidad digital dejó de ser una buena intención el 28 de junio de 2025. Desde entonces es derecho vigente — y la mayoría de las webs sigue sin enterarse.
la fecha que ya pasó
punto de partidaHay normativas que se anuncian durante años y llegan sin que nadie lo note. La accesibilidad digital es una de ellas.
La Ley 11/2023, de 8 de mayo, traspone al ordenamiento español la Directiva (UE) 2019/882, el European Accessibility Act. Su Título I entró en vigor el 28 de junio de 2025. Desde esa fecha, determinados productos y servicios digitales puestos en el mercado tienen que ser accesibles. No es una recomendación de buenas prácticas: es una obligación con régimen sancionador detrás.
Lo que sorprende a mucha gente es el alcance. No hablamos solo de administraciones públicas — eso ya estaba regulado desde hace años. Hablamos del sector privado: comercio electrónico, servicios bancarios, comunicaciones electrónicas, transporte, libros electrónicos. Si vendéis online, la ley os mira.
La pregunta ya no es si vuestra web debe ser accesible. Es desde cuándo lleva sin serlo.
dos normas, no una
el marco realEl marco jurídico español de la accesibilidad digital privada no se apoya en un solo texto, y ahí empieza la confusión.
Por un lado está la Ley 11/2023, en vigor desde junio de 2025, centrada en productos y servicios concretos. Por otro, el Real Decreto 193/2023, que regula las condiciones básicas de accesibilidad de bienes y servicios a disposición del público y fija plazos propios para los portales web privados: los nuevos a partir del 1 de enero de 2029, los ya existentes desde el 1 de enero de 2030.
Es decir: hay una obligación que ya está viva y otra que llega con horizonte a finales de década. Quien lea solo una de las dos normas se hace una idea equivocada del calendario — en un sentido o en el otro.
Los estándares técnicos
Ni una norma ni la otra inventan criterios propios. Ambas remiten al estándar europeo EN 301 549, que a su vez se apoya en las WCAG del W3C, nivel AA. Eso es una buena noticia: los criterios están documentados, son comprobables y llevan años estabilizados. No hay que adivinar nada.
microempresas, con matices
las excepcionesAquí es donde conviene leer despacio, porque circula mucha simplificación.
La ley contempla exenciones para las microempresas que prestan servicios — entendiendo por tales las que emplean a menos de diez personas y no superan los dos millones de euros de volumen de negocio o de balance anual. También existe la figura de la carga desproporcionada, y un régimen transitorio: los servicios prestados mediante productos utilizados legalmente antes del 28 de junio de 2025 pueden seguir hasta el 28 de junio de 2030.
Lo que no dice la ley es que las microempresas puedan ignorar el asunto. Las exenciones hay que poder justificarlas documentalmente, y no anulan los principios generales de igualdad y no discriminación que recogen otras normas, entre ellas la Ley 15/2022, que sí tiene su propio régimen sancionador.
Una exención que no se documenta no es una exención. Es una apuesta.
por dónde se empieza de verdad
la prácticaUn proyecto de accesibilidad no arranca por el código. Arranca por saber qué tenéis.
Primero, un inventario: qué webs, qué tiendas, qué apps, qué documentos descargables. Segundo, una auditoría contra EN 301 549 y WCAG AA — automática para lo evidente, manual para lo que ninguna herramienta detecta. Los lectores de pantalla, la navegación por teclado y el orden de foco no se comprueban con un plugin.
Después vienen los arreglos que dan más resultado por menos esfuerzo: contrastes, textos alternativos con sentido, etiquetas de formulario reales, jerarquía de encabezados coherente, subtítulos en vídeo. Eso ya cubre buena parte de las incidencias típicas de una web corporativa.
Y al final, lo que casi nadie hace y la norma sí espera: una declaración de accesibilidad publicada y una vía de aviso operativa. Un formulario que nadie lee no cuenta como vía de aviso.
el argumento que no es el miedo
conclusiónSe puede contar esta historia desde la sanción. Nosotros preferimos contarla desde el diseño. Una web accesible es una web con mejor estructura semántica, mejor rendimiento en buscadores, formularios que se rellenan sin fricción y textos que se entienden a la primera. Esos beneficios no se reparten solo entre quienes tienen una discapacidad permanente: alcanzan a quien navega con una mano en el móvil, con mala luz o con prisa.
La accesibilidad no es una capa que se añade al final. Es una decisión de arquitectura que se toma al principio y que abarata todo lo que viene después. Quien la aplaza hasta 2029 no gana tiempo — solo acumula deuda técnica con fecha de vencimiento conocida.
Fuentes
- 01Ley 11/2023, de 8 de mayo, de transposición de la Directiva (UE) 2019/882 (European Accessibility Act) — BOE.
- 02Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre requisitos de accesibilidad de productos y servicios.
- 03Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, sobre condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el acceso a bienes y servicios a disposición del público.
- 04Norma EN 301 549 — requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC en Europa.
- 05W3C: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), nivel AA.
- 06Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación — régimen sancionador.
- 07Disposición transitoria de la Ley 11/2023: continuidad de servicios prestados con productos anteriores hasta el 28 de junio de 2030.
¿auditamos vuestra web?
Inventario, auditoría contra WCAG AA y un plan de arreglos ordenado por impacto. Sin alarmismo y sin plugins mágicos.
